“Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” fue el nombre que los guerrilleros del M-19 dieron a la misión que empezó a las 11:30 de la mañana del día 6 de noviembre de 1985. Un grupo de guerrilleros vestidos de civiles entró por la puerta principal del recinto, luego de asesinar a los guardias de turno, los guerrilleros cerraron las puertas del Palacio; los demás guerrilleros entraron por el sótano en un camión con armas y provisiones para dos meses.
Entre los secuestrados se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, trabajadores del palacio, visitantes ocasionales y las personas que atendían la cafetería.
Las demandas del grupo guerrillero eran claras; querían realizar un Juicio político al presidente de la República Belisario Betancur, argumentando que el Gobierno había incumplido la tregua bilateral planteada el año anterior en el “Acuerdo de Corinto”. Además del juicio al presidente, el grupo exigió frenar los procesos de extradición a los narcotraficantes del cartel de Medellín.
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El gobierno decidió no negociar y momentos después de la toma, Las Fuerzas Militares de Colombia emprendieron el operativo de la retoma. Llegaron grupos del Batallón Guardia Presidencial y de los Batallones cercanos. Colocaron francotiradores en el Palacio de Liévano y en edificios cercanos. A la una de la tarde llegaron los primeros tanques, que se posicionaron alrededor de la edificación.
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Casi a las dos de la tarde se dio la orden de entrar al palacio, por lo cual un tanque EE-09 ingresó destruyendo la entrada principal, mientras que un helicóptero dejaba en la azotea a un grupo de Operaciones especiales de la policía. Otro tanque intentó ingresar, pero perdió la metralleta por la estrechez de las instalaciones y debió ser retirado.
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Los guerrilleros encontraron refugio en pisos superiores, mientras que en el sótano se inició un confrontamiento entre guerrilleros y fuerzas militares. Minutos después fueron liberados algunos rehenes, que fueron llevados a la Casa del Florero, a excepción de los heridos que fueron llevados a los hospitales más cercanos.
El presidente del congreso Álvaro Villegas, se logró comunicar con Alfonso Reyes Echandia, presidente de la Corte Suprema de Justicia; el cual solicitó pedirle al Presidente Betancur el cese al fuego. Villegas le comunicó al presidente la solicitud de Echandia, pero su respuesta fue negativa.
Pasadas las cinco de la tarde, se inició un incendio en el cuarto piso, cuyo origen no se ha esclarecido. Los guerrilleros y rehenes tuvieron que bajar y refugiarse en los baños del
segundo y tercer nivel. Llegada la noche y luego de algunas explosiones en el cuarto piso, llegó el cuerpo de Bomberos de Bogotá a intentar de manera inútil acabar con las llamas, aunque consiguieron rescatar a algunos rehenes.
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A las siete de la mañana del día 7 de noviembre, el presidente Betancur aceptó dialogar con los guerrilleros y el cese al fuego, pero la orden nunca llegó. A la 1:30 de la tarde fueron vistos con vida y grabados en video, dos individuos del personal de la cafetería, los cuales fueron llevados con vida a la casa del florero, pero luego desaparecieron.
Luego de un conflicto por horas y una explosión dentro de los baños donde se encontraban guerrilleros y rehenes, se da por terminada la Retoma del palacio de Justicia, como lo anunció el Comandante del Ejército Alfonso Plazas Vega.
Años después los guerrilleros del M-19 fueron indultados y amnistiados por los hechos del palacio de justicia, aunque varios militares fueron enjuiciados por la desaparición de las personas que se concentraban en la cafetería. Aunque la mayoría de militares investigados, acusados y condenados de por sus crímenes durante la retoma del edificio fueron absueltos.
El conflicto dejó un número de víctimas mortales aún desconocido, además dejó un
saldo de 11 desaparecidos que hasta día de hoy están siendo reconocidos por el gobierno.
Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en diciembre de 2014 por su responsabilidad en la desaparición, retención ilegal y tortura de los desaparecidos. “Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”, indica la sentencia.
Además la corte ratificó su decisión con el siguiente comunicado: “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”.
